Actualizado: 23/01/2019 tras la derogación efectuada el día 22/01/019

El Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto-ley de medidas urgentes para el sector de la vivienda. Lo ha presentado el ministro de Fomento, José Luis Ábalos, pretendiendo dar respuesta a la «difícil situación que se da en el mercado de alquiler».

¿Cuáles son los aspectos a destacar?

  1. Ampliación de tres a cinco años de la prórroga obligatoria de los contratos de alquiler.
  2. La prórroga tácita de los contratos pasa de uno a tres años, «otorgando mayor seguridad al arrendador». ¿Qué es la prórroga tácita? Al término de un contrato, ni el arrendador ni inquilino manifiestan el deseo de no continuar con la relación y por tanto, el inquilino continúa disfrutando del bien inmueble arrendador un mínimo de 15 días.
  3. En el caso de que la parte arrendadora sea una persona jurídica, la prórroga obligatoria de los contratos será de siete años, con una prórroga tácita de tres.
  4. Limitar a dos mensualidades la fianza que se podrá exigir a los arrendatarios, salvo que se trate de contratos de larga duración. En muchas ocasiones, las fianzas son tan elevadas que impiden el acceso a una vivienda en alquiler a buena parte de la población.
  5. En los casos en que el arrendador sea una persona jurídica, deberá asumir los gastos de gestión inmobiliaria y de formalización del contrato.
  6. Aquellos propietarios que quieran destinar su vivienda a alquiler turístico necesitará una mayoría cualificada de 3/5 partes de la comunidad y deberá contribuir, eso sí, con un límite, a los gastos de la comunidad. Hasta ahora, aquellos vecinos que querían prohibir la presencia de alquileres turísticos en sus edificios necesitaban unanimidad.
  7. Por lo que se refiere a los desahucios, Ábalos ha anunciado una mayor coordinación con los servicios sociales de los ayuntamientos para conseguir alternativas habitacionales a los desahuciados antes de que se produzca el lanzamiento de la vivienda. En este sentido será modificada la Ley de Enjuiciamiento Civil.
  8. Por otra parte, siempre que haya acuerdo entre propietario e inquilino se podrán realizar obras de mejora de la vivienda sin necesidad de firmar un nuevo contrato.
  9. Los contratos de arrendamiento de vivienda para uso estable y permanente estarán exentos del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados. Es decir, ningún inquilino en toda España deberá pagar el ITP cuando firme un alquiler. Hasta hace apenas un año, la inmensa mayoría de los arrendatarios desconocían la existencia de este impuesto y las administraciones tributarias autonómicas apenas controlaban su recaudación.
  10. Por otra parte, se elimina la obligación de repercutir el IBI al arrendatario en el alquiler social de vivienda por parte de Administraciones o entes públicos, mientras que los Ayuntamientos con superávit podrán destinarlo a promover su parque de vivienda pública o a ejercer su derecho de tanteo y retracto en la venta de edificios enteros con inquilinos dentro. A nivel fiscal, los ayuntamientos también tendrá la posibilidad de establecer una bonificación de hasta el 95% en la cuota del IBI para las viviendas sujetas a alquiler a precio limitado.
  11. No hay intervención en los precios.